El Gobierno nacional autorizó un aumento del 11 por ciento. Regirá a partir de julio y de manera desdoblada en dos cuotas.
En un escenario de retracción en la economía; de índices inflacionarios sostenidos en el tiempo; y aumento alarmante de la pobreza, el Gobierno nacional facultó a las empresas de medicina privada a administrar un incremento del orden del 11 por ciento.
La medida se hizo efectiva a través de la Resolución 613- E, publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus.
De esta manera, el documento habilita a las prestadoras a aplicar “un aumento general, complementario y acumulativo del valor de las cuotas mensuales que deben abonar sus usuarios”.
De acuerdo al esquema, el alza se desdoblará en dos etapas. La primera será de un seis por ciento y entrará en vigencia a partir del 1º de julio de 2017; y la segunda regirá desde el 1° de agosto, con una acentuación del cinco por ciento.
La cartera recordó que las empresas tendrán la obligación de “notificar de manera fehaciente a los usuarios”. Si bien existe un sector de la población que se atiende en el sistema de Salud público, la decisión vuelve a perjudicar a gran parte de la clase media que accede a realizar o desviar aportes en una prepaga con el fin de ampliar la cobertura familiar.
Es que en diciembre pasado, la administración de Mauricio Macri ya había autorizado un acrecentamiento del seis por ciento al precio de la cuota mensual desde el 1 de febrero de este año.
De esta manera, la disposición se perfila como un factor que dificultará aún más la actividad económica de cara al segundo semestre, teniendo en cuenta que el aguinaldo que perciban los trabajadores a mitad de año no hará una gran diferencia en el bolsillo.
De acuerdo a las últimas estimaciones del INDEC, la mitad de los argentinos con ingresos gana menos de 8.500 pesos por mes; es decir, 16 millones de habitantes. Como si fuera poco, el indicador de inflación acumuló un 9,1 por ciento en los primeros cuatro meses; y un 27,5 por ciento en el último año.
Una vez más los estratos más vulnerables son los más afectados. En marzo, una familia tipo necesitó 14.090,52 pesos para no caer por debajo de la línea de la pobreza; y 5.798,57 pesos para superar el nivel de indigencia. Los valores corresponden a los que se definen en la Canasta Básica Total (CBT) y Canasta Básica Alimentaria (CBA).
